Si la incompetencia legislativa fuera un deporte olímpico, el Congreso de Aguascalientes no solo se llevaría la medalla de oro, sino que obligaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a organizarles su propia categoría de necesidades especiales. Y es que, una vez más, los "honorables" legisladores hidrocálidos acaban de ser exhibidos y humillados a nivel nacional por legislar con la misma destreza con la que un chimpancé con artritis intentaría desactivar una bomba.
Esta semana, la SCJN tuvo que volver a actuar como esa maestra exhausta de preescolar que le quita las tijeras al niño de lento aprendizaje antes de que lastime a los demás. Con siete votos a favor, los ministros les tumbaron su enésimo intento de pisotear los derechos humanos, declarando inconstitucionales los artículos 128, 131, 133 y 135 de nuestro vetusto Código Civil.
¿Su "brillante" y sádica obra legislativa? Exigirle a las personas que pasaran por un calvario de juicios y acreditaciones probatorias para poder cambiar su identidad de género, además de obligar a que las actas de nacimiento mantuvieran la información original en un apartado. Básicamente, los diputados querían ponerles una etiqueta de advertencia marginal a las personas, demostrando que su comprensión de la dignidad humana es equivalente a la de un inquisidor del siglo XV.
Afortunadamente, el ministro Giovanni Figueroa Mejía tuvo que redactarles el proyecto con manzanitas, explicándoles que el trámite para el reconocimiento de la identidad de género debe ser administrativo, confidencial, basado en el consentimiento libre y, sobre todo, sencillo y discreto. Les tuvieron que recordar que no se necesitan juicios ni pruebas denigrantes para validar la autopercepción de un individuo.
Resulta fascinante —y tristemente patético— observar cómo el Congreso de Aguascalientes funciona hoy en día como la máquina expendedora de inconstitucionalidades favorita de México. Cada semana vomitan una ley nueva redactada con las patas, solo para que el máximo tribunal se las devuelva hecha pedazos y con tinta roja. Son el equivalente legislativo a un estudiante que entrega la misma tarea mal hecha todos los viernes, pero que exige cobrar un sueldo millonario por simplemente calentar la silla y respirar por la boca.
Estos diputados, en su infinita miopía, ignoran olímpicamente los estándares constitucionales y los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. Al parecer, la SCJN tiene que hacer su trabajo y el de estos burócratas incompetentes.
A este paso, a los ciudadanos les saldría mucho más barato, higiénico y eficiente clausurar el congreso local y reemplazar a los legisladores con una pecera que envíe las propuestas directamente a la SCJN. Al menos así nos ahorraríamos los salarios de esta recua de inútiles que no pueden redactar cuatro artículos sin violar flagrantemente los derechos fundamentales.
Lástima que la ciencia médica y la jurisprudencia todavía no hayan inventado un trámite igual de rápido y sencillo para extirparle la estupidez crónica a nuestros diputados locales.
enDOSminutos.com / Realidad irreverente
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