Apenas pasaron 30 años para que las autoridades estadounidenses notaran que pulverizar aeronaves civiles desarmadas con misiles de combate tal vez no fue el procedimiento diplomático más estándar. La justicia de Florida ha emitido formalmente una orden de arresto contra Raúl Castro, el jovial y prometedor exdictador cubano de tan solo 95 años de edad. La medida suma cargos estatales por conspiración para cometer asesinato en primer grado a la lista de cuatro cargos de homicidio federales presentados en mayo.
La hazaña militar que hoy complica al anciano exdictador ocurrió el 24 de febrero de 1996. Aquel día, el régimen desplegó temibles cazas MiG-29 para interceptar tres modestas avionetas Cessna de la organización Hermanos al Rescate. Las víctimas -tres ciudadanos estadounidenses de origen cubano y un residente legal: Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales-cometieron el atrevimiento de volar desarmados sobre el estrecho de Florida. Entre las 15:21 y las 15:27 horas, dos de las aeronaves fueron reducidas a escombros por misiles. Sus cuerpos jamás fueron recuperados del mar.
Mientras José Basulto -fundador del grupo y veterano que logró escapar en la tercera avioneta junto a Sylvia Iriondo- miraba el humo en la distancia con la certeza de que "los próximos somos nosotros", La Habana celebraba su operativo de "seguridad nacional". Sin embargo, organismos como la OACI, la OEA y la CIDH confirmaron la heroicidad del régimen: el ataque ocurrió en aguas internacionales, fuera del espacio aéreo cubano y sin advertencia previa alguna.
Por si a los fiscales les faltaban indicios sobre quién manejó los hilos, la historia incluye ingredientes dignos de espionaje de serie B. El operativo contó con la valiosa inteligencia del agente infiltrado Juan Pablo Roque, quien huyó convenientemente a Cuba un día antes del ataque. Y para coronar el genio táctico, una grabación filtrada en 2006 dejó registrada la voz del propio Raúl Castro girando la orden con finura poética: "Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan".
En su momento, las justificaciones del régimen no se hicieron esperar. Voceros como Bruno Rodríguez Parrilla y Roberto Robaina alegaron violaciones del espacio aéreo y planes de sabotaje. Fidel Castro asumió gustoso la responsabilidad política de la "emboscada", mientras que la diplomacia estadounidense reaccionó con su proverbial contundencia: la embajadora Madeleine Albright inmortalizó los comentarios de los pilotos cubanos recordando que "esto no es cojones, esto es cobardía", mientras el presidente Bill Clinton descartó bombardear la base de San Antonio y prefirió firmar la ley Helms-Burton para apretar las tuercas económicas.
Hoy, a casi tres décadas del crimen y tras haber indemnizado EUA a las familias con 93 millones de dólares extraídos de fondos cubanos congelados, la orden de arresto promete convertirse en el mayor dolor de cabeza de Raúl Castro... suponiendo que la justicia logre alcanzarlo antes de que lo haga la biología.
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