Por si hicieran falta más coronas en el panteón de la credibilidad electoral, el árbitro comicial se apunta con el dedo a sí mismo en una tragicomedia de 2 mil 461 millones de pesos, contratos judiciales y credenciales de plástico con aroma a cohecho. Todo con el sello de la casa: mucho ruido mediático, dos o tres sacrificados de utilería y destino directo al cajón de los olvidos.
En este bendito país donde la pureza republicana suele durar lo que tarda en secarse la tinta indeleble, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido brindarnos una nueva joya de la autoflagelación institucional: denunciarse penalmente a sí mismo —o a sus ilustres inquilinos— ante la siempre expedita y decorativa Fiscalía General de la República (FGR). Porque nada como admitir que en el altar de la supuesta honestidad valiente se colaron las mismas viejas mañas: presuntos actos de corrupción, irregularidades de antología y descarados conflictos de interés con el dinero de los contribuyentes.La consejera Carla Humphrey, enfundada en su mejor traje de fiscal moral, salió presurosa a aplaudir la maniobra, exigiendo con solemne devoción que las autoridades investiguen «hasta las últimas consecuencias» para determinar responsabilidades penales y sanciones. Faltaba más: la legalidad y la rendición de cuentas deben brillar «sin importar cargos ni personas». Un consuelo poético y desgastado para el ciudadano que contempla atónito cómo la institución que cuenta sus votos aparentemente no supo contar sus propios contratos.
«Quítense que ahí les voy»: el mismo cochinero, distinta bandera
Durante años el guion oficial fue machacar que los anteriores eran el epítome de la podredumbre, los campeones del despilfarro y los amos del privilegio. Pero bastó que los nuevos próceres de la moral pública pusieran un pie en el presupuesto para gritar a todo pulmón: «quítense que ahí les voy». De verdad resulta penoso constatar que la tan cacareada superioridad ética terminó siendo el mismo festín de compadrazgos, sólo que ahora envuelto en discursos solemnes de austeridad.
La denuncia formal, estampada el 6 de noviembre, solicita a la FGR hurgar en contratos recientes. Y es que, ¿para qué conformarse con minucias cuando se puede poner bajo sospecha nada menos que la producción de la credencial para votar y la flamante elección judicial de 2025? El kit completo de la fe pública convertido en botín y expediente criminal.
El catálogo de pecados ventilado ante la Cámara de Diputados por el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente, parece el menú de degustación de cualquier manual clásico de rapiña burocrática:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades.
- Uso de documento falso.
- Tráfico de influencias.
- Ejercicio ilícito del servicio público.
- Cohecho.
- Y cualquier otra delicia que la autoridad competente se anime a tipificar en el papel.
Carvente ya acumula seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y personas morales, además de haber emplazado a ocho servidores públicos y a una empresa por presuntas faltas administrativas graves. En la lista estelar de nombres que engalanan estas carpetas ministeriales resuena nada menos que la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, acompañada del contratista predilecto Alfredo Hernández Casillas.
Por si fuera poco el banquete, el OIC destapó que una red de cinco empresas presuntamente emparentadas entre sí amasó la módica cantidad de 2 mil 461 millones de pesos en contratos otorgados por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) entre 2014 y 2025. Un modesto emporio familiar ligado a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Conejillos de indias al matadero: la receta clásica para salvar a los intocables
Por supuesto, la puesta en escena ya tiene su desenlace predeterminado. Para simular que la justicia es implacable y calmar a la gradería, inmolarán como conejillos de indias a dos o tres mandos medios o empleados despistados.
Un par de chivos expiatorios cuyo único pecado habrá sido firmar donde el jefe les ordenó, mientras los verdaderos titiriteros, los arquitectos del negocio y los auténticos beneficiarios de este opulento entramado de millones brindan tranquilos desde la sombra. En el libreto nacional, la guillotina siempre se reserva para los peones; los reyes del tablero siguen cobrando y repartiendo el pastel.
La gran farsa: pasarela hacia el cajón de los olvidos
Seamos francos: todo este aspaviento huele más a teatro montado por el oficialismo que a un auténtico golpe de timón contra la impunidad. Es la clásica coreografía política mexicana: se filtra el escándalo, se arman conferencias incendiarias, se rasgan las vestiduras en tribuna, se anuncia con bombos y platillos una denuncia ante la FGR y… aquí no pasará absolutamente nada de nada.
Una vez entregadas las cabezas de los conejillos de indias de rigor, el expediente engrosará esa mítica y polvorienta gaveta ministerial donde van a morir las promesas de justicia, congelado convenientemente hasta que el ciclo de noticias cambie o se negocie la siguiente cuota de poder. Un espectáculo de circo para entretener a la galería mientras los millones ya cambiaron de manos.
Pero no se alarmen: el show de 2027 abrirá sus puertas puntualmente
Mientras el expediente duerme el sueño de los justos en la fiscalía, la consejera Humphrey se apuró a calmar los ánimos del respetable público.
Que nadie se preocupe: aunque la casa se esté cayendo a pedazos de sospecha y cinismo, Humphrey jura y perjura que el INE está vivito, coleando y plenamente capacitado para organizar la fiesta comicial del 6 de junio de 2027, donde se disputarán más de 20 mil cargos públicos. Según la consejera, tres décadas de experiencia acumulada garantizan que las casillas estarán puestas y cada voto será contado pulcramente.
Porque en la comedia electoral mexicana, los funcionarios podrán desfilar en carpetas de investigación por cohecho y falsificación, pero la función de las urnas jamás cancela su temporada.
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