La diplomacia del «aquí no pasa nada»
El pasado 20 de octubre de 2026, durante la comparecencia en la Asamblea General, Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, cometió la audacia de señalar que existen indicios fundados de que en México las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad y que esta práctica persiste en la actualidad. Con la indiscreción de quien lee registros oficiales, recordó además que el registro nacional supera la friolera de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, al tiempo que recriminó la falta de una política pública federal enfáticamente enfocada en erradicar este delito.
Pero la burocracia nacional no se inmuta ante nimiedades multilaterales. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla —en representación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum—, salió al paso para rechazar tajantemente la interpretación del Comité sobre el alcance del artículo 34 de la Convención. Faltaba más: ante la mirada atónita del foro internacional, la delegación mexicana prefirió objetar el mecanismo y refugiarse en su propio repertorio de cifras.
¿Fotos de desaparecidos? ¡Por favor, echan a perder la estética del salón!
El punto cumbre del protocolo y la fina sensibilidad institucional ocurrió cuando familiares de personas desaparecidas cometieron el «terrible atrevimiento» de mostrar fotografías de sus seres queridos dentro de la sala de la Asamblea General. La respuesta protocolaria fue implacable: la expulsión inmediata de los familiares.
Albán Alencastro exhibió en redes sociales este refinado acto de empatía, recordando que la presencia de las víctimas merecía respeto y disposición para escuchar, e instó a que la discusión no se pierda en «cálculos políticos y consideraciones diplomáticas». Claramente, en la alta diplomacia las pancartas con rostros despeinan el discurso y arruinan la toma oficial.
La receta del éxito: 16 mil localizados y aliados para el marco
Para amortiguar el amargo trago de los 135 mil no localizados, Arturo Medina presumió la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, destacando con bombos y platillos la localización de 16 mil personas durante el año.
Y para que nadie dude del rigor científico del modelo, el Gobierno resaltó que conformó un grupo de expertos para revisar el Registro Nacional con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, alardeando además la cooperación internacional de países como Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala, así como del UNFPA y la CIDH.
Porque, al final del día, no hay crisis de derechos humanos que no se pueda barnizar con una buena lista de cooperantes internacionales y la firme convicción de que los datos propios siempre serán más bonitos que la cruda realidad que retratan las familias expulsadas.
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