Bienvenidos al teatro del absurdo diplomático. En nuestro episodio de hoy, el Gobierno de México, en un súbito y enternecedor ataque de amor por la legalidad, ha decidido que la Constitución es un escudo antibalas diseñado casi exclusivamente para políticos sinaloenses.
Resulta que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tuvo la osadía de solicitar la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza, acusándolos de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de conspirar para inundar a los vecinos del norte con fentanilo, cocaína y metanfetamina. ¿La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)? Un desgarrador grito exigiendo "presunción de inocencia" y "debido proceso".
Es un paralelismo cruel, casi poético: el Estado mexicano exige "pruebas claras, verificables y suficientes" antes de tocar a los funcionarios que presuntamente brindaban protección institucional a sicarios y poseían ametralladoras. Es un lujo burocrático fascinante; imaginen a un líder del cártel exigiendo un amparo y verificando pruebas antes de disolver a alguien en ácido. Al parecer, en el sistema de justicia mexicano, si traficas unos kilos de droga te dan plomo, pero si presuntamente traficas la seguridad de todo un estado, te dan fuero, protección de la Cancillería y una carta diplomática exigiendo confidencialidad para no dañar tus sentimientos ni tu reputación pública.
Y mientras la diplomacia mexicana se pone la toga de abogado defensor de oficio para el gabinete estatal, en la otra pista del circo tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum jugando a la detective despechada. El drama gira en torno al secuestro exprés del mítico Ismael “El Mayo” Zambada. Sheinbaum, indignada, lanzó al aire un melodramático "¿Quién mintió?" dirigido al exembajador Ken Salazar, como si estuviera en un talk show descubriendo una infidelidad en televisión nacional.
Salazar, con un cinismo exquisito, se lavó las manos afirmando que él y el exfiscal Merrick Garland ya lo habían aclarado todo: "No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación". Básicamente, un "yo no fui" de manual frente a un histórico líder criminal que mágicamente se teletransportó a Texas. Esto, por supuesto, choca con los reportes periodísticos de que el FBI andaba celebrando en privado el "arresto heroico" tras bajar a Zambada de un avión Beechcraft de 1976 modificado y sin luces para evitar radares.
La Fiscalía General de la República (FGR) está tan ofendida por esta intromisión que amenazó con acusar a Salazar de violar la mismísima Carta de las Naciones Unidas. Qué infinita crueldad irónica: un país bañado en sangre donde las fiscalías batallan para armar una simple carpeta de investigación por homicidio, pero que saca las garras de la jurisdicción internacional en tiempo récord solo cuando Estados Unidos se roba a un capo sin avisar o cuando quiere enjaular a sus políticos.
Al final, la relación México-Estados Unidos es como un matrimonio tóxico: se pelean a gritos por ver quién secuestró al abuelito del narco en un avión pirata, mientras al mismo tiempo se envían oficios muy cordiales para proteger a los políticos que presuntamente le cargaban las maletas. Brindemos por la soberanía nacional... al menos para aquellos que tienen un escaño en el Senado.
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