Al parecer, tener un narcolaboratorio en tu estado donde dos supuestos agentes de la CIA pasan trágicamente a mejor vida es un simple gaje del oficio para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Al recibir su amable citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar como testigo sobre este pequeño e insignificante "incidente", la mandataria no pudo evitar sentirse como una mártir de la democracia, autodenominándose "perseguida política".
Pero, como aquella compañera de clase que le recuerda al profesor que olvidó castigar al resto del grupo, Maru Campos no iba a hundirse sola. Frente a los funcionarios que la notificaron, hizo un berrinche público para quejarse amargamente de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no había sido molestado por las autoridades.
La FGR, demostrando un nivel de complacencia y servicio al cliente envidiable, le concedió su deseo casi de inmediato. Apenas unas horas después del reclamo de la chihuahuense, la fiscalía emitió un comunicado confirmando que Rocha Moya y su séquito de nueve funcionarios sinaloenses también tendrían su codiciada cita en el Ministerio Público. ¿El motivo de esta invitación VIP? Una minucia legal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que casualmente los acusa de importar narcóticos y armar una bonita colección de ametralladoras y explosivos en feliz asociación con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Curiosamente, Rocha Moya llevaba 22 días jugando exitosamente a las escondidas, fuera del ojo público. Sin embargo, tras el citatorio provocado por su colega del norte, resurgió milagrosamente de su escondite para asegurarle a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todo México que él es "un hombre probo" que asistirá "con la frente en alto" porque "no tiene nada que temer".
Seguramente su tranquilidad es genuina, sobre todo si consideramos que los cargos estadounidenses conllevan una modesta pena de 40 años obligatorios o, en su defecto, cadena perpetua. Su confianza es tal que, de los diez sinaloenses acusados, su exsecretario de Seguridad y su exsecretario de Finanzas ya consideraron prudente ir a entregarse voluntariamente a la custodia de las autoridades gringas. ¡Eso sí es proactividad administrativa y no tonterías!
Mientras los gobernadores se tiran la bolita y los exfuncionarios huyen hacia el norte, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum se ha apresurado a calmar las aguas. Con admirable seriedad ante la prensa, aseguró que esta coincidencia en la persecución... perdón, en los citatorios judiciales de ambos políticos "no tiene nada de político". Según ella, y con el respaldo informativo de Ernestina Godoy, todo esto es simplemente un aburrido y rutinario "proceso de la fiscalía".
Así que ya lo saben, ciudadanos: si terminan involucrados con explosivos, cárteles internacionales o agentes muertos de la CIA, no entren en pánico. Es solo otro día de trámites burocráticos en México, sin ningún interés político de por medio. Ojalá la FGR tenga café en la sala de espera, porque al parecer Maru y Rubén van a tener que compartir asiento.
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