¡Atención, honorables servidores públicos! Parece que el "terrible" castigo de cancelarles la visa para ir de compras a McAllen ya no sacia la sed de justicia del país vecino. La Embajada de Estados Unidos en México ha decidido que es hora de dejar las advertencias de lado y ha puesto en marcha una "ambiciosa" estrategia: sentar a nuestros inmaculados políticos mexicanos, incluidos algunos distinguidos miembros del partido Morena, en el banquillo de los acusados de cortes federales estadounidenses.
De acuerdo con fuentes confidenciales que soltaron la sopa al diario Los Angeles Times -probablemente porque tratar asuntos internos en desarrollo es un deporte de alto riesgo- esta es la nueva cruzada moral impulsada nada menos que por la administración de Donald Trump. El objetivo es cazar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, dando un salto cuántico desde quitarles el pase a Disneylandia hasta formularles acusaciones formales por corrupción.
¿Y dónde decidió el embajador estadounidense, Ronald Johnson, hacer este anuncio? Pues en el mismísimo estado de Sinaloa. Mientras participaba en la colocación de la primera piedra de una planta de metanol en Los Mochis (un evento ideal para hablar de cosas inflamables), el diplomático soltó una pedrada directa al orgullo nacional: “La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona”. Seguramente los empresarios y autoridades locales presentes quedaron atónitos ante la revelación de que la falta de integridad erosiona la confianza en los mercados y debilita la competencia.
Pero Johnson no se detuvo ahí; continuó con sus metáforas advirtiendo que “la inversión es como el agua: fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”. Además, tuvo la audacia de recordarnos que el tratado comercial (T-MEC) exige, por increíble que parezca, que los gobiernos tipifiquen y sancionen el soborno y la corrupción. Una exigencia casi alienígena para nuestras latitudes.
Ahora, la verdadera joya de esta corona judicial es cómo planean los fiscales estadounidenses construir sus casos. ¿Auditorías implacables? No, usarán a los informantes más honestos a su disposición: exintegrantes de cárteles detenidos en territorio estadounidense. Resulta que operadores ligados al Cártel de Sinaloa, organización que históricamente ha mantenido lazos fraternales de corrupción en distintos niveles de gobierno, están ansiosos por cantar como canarios a cambio de beneficios judiciales. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para testificar sobre corrupción que aquellos que firmaban los cheques de los sobornos?
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