Bienvenidos a Aguascalientes, esa utopía donde los discursos oficiales nos venden un paraíso de bienestar y protección a la mujer. Sin embargo, si rascas un poco la pintura de este cuento de hadas, te encuentras con una auténtica comedia de terror: mientras la sociedad se traga el discurso de que las instituciones funcionan de maravilla, las mujeres que huyen de la violencia tienen que jugar a los "juegos del hambre" inmobiliarios para sobrevivir.
Aquí, la narrativa gubernamental jura que a las víctimas se les cuida. ¡Y claro que lo hacen! Si una mujer corre riesgo de muerte, la Fiscalía acude al rescate con la majestuosa solución de un resguardo "temporal". ¿Y después de unos días? Bueno, pues buena suerte lidiando con tus traumas y buscando una casa en un estado donde el costo de la vivienda aumentó un 9.3% tan solo a principios de 2024. Al fin y al cabo, "solo" el 95% de las mujeres en contextos de violencia se ven obligadas a abandonar sus hogares para intentar seguir vivas. Un daño colateral minúsculo, ¿verdad?
Ante la evidente miopía del Estado para entender que no se puede erradicar la violencia si la víctima no tiene un techo seguro, a las mujeres no les quedó de otra que protegerse entre ellas. Así nació la Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas, una organización que lleva una década haciendo el trabajo que a las autoridades les da pereza hacer.
Afortunadamente, el sistema es tan "eficiente" que dejó más de 60 mil casas abandonadas en el estado, perfectas para su divertido vacío y limbo jurídico. En un acto de heroísmo que el gobierno seguramente querrá adjudicarse después, la cooperativa recupera estas propiedades vandalizadas, muchas de ellas antiguas guaridas para delinquir. ¡Qué envidiable programa de vivienda! Te otorgan una casa sin puertas, sin ventanas y sin servicios, a la que tú misma tienes que invertirle, en promedio, unos 30 mil pesitos para que deje de ser un nido de mapaches y criminales.
Pero no crean que el Estado ignora por completo a estas mujeres en su esfuerzo por no dormir en la calle; dependencias federales también participan activamente en hacerles la vida imposible. Tomen como ejemplo a Brenda, una madre desplazada que lleva más de diez años de lucha para dejarles un patrimonio a sus hijos. Como premio a su esfuerzo, la CFE la ha dejado sin servicio de luz por más de dos años. Seguramente este hostigamiento institucional es solo un programa intensivo de entrenamiento para que ella y sus hijos desarrollen visión nocturna y ahorren velas.
Mientras la sociedad de Aguascalientes descansa tranquila creyendo que el Centro de Justicia para Mujeres lo resuelve todo con sus 4 mil 700 carpetas de delitos acumulados, la cruda realidad es que las mujeres tienen que iniciar eternos juicios de usucapión para demostrar que la ruina que rescataron es suya. Como bien lo resume la fundadora de la organización, María Escalante, esta economía "está hecha nada más para los que tienen dinero".
Así que, ¡sigamos aplaudiendo los boletines oficiales de mermelada, betún y caramelo! Total, si la "protección" institucional falla, siempre habrá mujeres vulnerables dispuestas a recoger los escombros, sacarle la vuelta al abandono y construir completamente solas el refugio que su idílico Estado les negó.
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