En un despliegue de pericia táctica y logística que seguramente Hollywood ya está adaptando a la pantalla grande, la heroica e interminable guerra contra las drogas ha sumado a un nuevo e invencible enemigo a su lista: un barranco en el estado de Chihuahua. Tras tres agotadores meses de profunda investigación para localizar y desmantelar seis laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, cuatro funcionarios antidrogas decidieron que la mejor forma de coronar un operativo impecable era derrapar, caer por un precipicio y estallar en una gloriosa bola de fuego. Un final verdaderamente explosivo para un fin de semana de trabajo.
La ironía de la situación es tan espesa que asfixia: entre las víctimas mortales se encontraban dos "oficiales instructores" de la embajada de Estados Unidos, quienes, al parecer, se encontraban en el país haciendo "labores de entrenamiento". Es evidente que el currículo de esta capacitación internacional omitió el crucial módulo sobre cómo no desbarrancarse en la sierra mexicana a la madrugada mientras se lidera un convoy de cinco autos oficiales. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, nos deleitó con un peritaje técnico impecable en su conferencia de prensa al deducir que la camioneta "parece ser que derrapó en alguna zona". ¡Misterio resuelto! Los cárteles ya pueden ir ahorrando en municiones; la inercia, la topografía nacional y la gravedad están haciendo todo el trabajo sucio.
Por supuesto, el teatro político y las lágrimas de cocodrilo no se hicieron esperar. El embajador estadounidense, Ronald Johnson, utilizó su cuenta de X para lamentar esta tragedia y recordarnos solemnemente sobre los "incansables esfuerzos" y los "riesgos" de enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Un desafío que, a juzgar por los hechos, no es el crimen organizado, sino la carencia absoluta de frenos ABS y la nula pericia al volante en caminos de terracería.
Todo este sainete tragicómico ocurre, casualmente, en medio de la "fuerte presión" que el Tío Sam ejerce sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que detenga el trasiego de drogas. Una presión que viene de un país cuyo expresidente, Donald Trump, en su habitual y comedida retórica, firmó un decreto en diciembre pasado para clasificar al fentanilo como un "arma de destrucción masiva". Tras los eventos en Chihuahua, quizás el próximo decreto de Washington debería clasificar a los barrancos mexicanos y a las camionetas oficiales como amenazas inminentes a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Al final del día, las autoridades pueden colgarse la medalla de haber destruido uno de los campamentos más grandes del país, presumiendo además el decomiso previo de dos toneladas de cocaína en Acapulco. Las calles están supuestamente a salvo, aunque nuestros "héroes" y sus instructores terminen convertidos en una absurda y evitable estadística de tránsito antes que en verdaderos mártires de la lucha antidrogas.
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