El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) ha resuelto el misterio de la violencia escolar. Su titular, Luis Enrique Gutiérrez, nos ha iluminado con una propuesta de vanguardia: si un alumno agarra a golpes a otro, por favor no lo den de baja, mejor aplíquenle una gentil "separación temporal" de las escuelas para que reciba atención profesional.
Mientras el pequeño agresor se va a un retiro terapéutico costeado por el Estado para "evitar la reincidencia", la víctima recibe el fabuloso premio de la "protección inmediata", que consiste en poner su vida de cabeza cambiándolo de turno o de grupo. ¡Lógica pedagógica pura! Hay que desarraigar al agredido de sus amigos para "garantizar un espacio controlado", y mientras tanto, al victimario lo consienten poniéndolo en manos de los más de 60 psicólogos que el DIF tan amablemente mandó a las secundarias.
Y pobre de aquel que se atreva a decir que este circo fomenta la impunidad. Según el visionario director, no expulsar a los golpeadores no genera impunidad, sino que es un acto heroico para velar por el intocable artículo tercero constitucional. Claro, Gutiérrez reconoce que hay "casos complejos", pero en vez de poner a los maestros y supervisores a hacer su trabajo, prefieren debatir si ponen camaritas con audio y video; una medida que, para colmo del ridículo, está secuestrada por la burocracia, ya que solo pueden instalarse si las asambleas de padres y comités dan su sagrado aval.
Como ya lo habíamos diagnosticado: la patética realidad es que falta supervisión y seguimiento en los planteles. Ahí está el tema y donde deben trabajar. En lugar de inventar parches para "separaciones temporales", lo que tienen que estar buscando es ver qué ha funcionado en otros estados y países y tropicalizarlo. Y este acoso va más allá de las aulas, pues continúa en las redes sociales.
Mientras aquí jugamos a las sillas musicales con los turnos de las víctimas, en países como Finlandia aplican el programa KiVa, que educa a toda la comunidad para no tolerar el acoso escolar. Por su parte, naciones como Canadá y Australia implementan marcos integrales de prevención donde los docentes sí vigilan activamente los pasillos y previenen la violencia antes de que ocurra, en lugar de reaccionar cuando el alumno ya está en problemas y fue acosado o golpeado.
Pero seamos brutalmente mordaces y vayamos a la raíz del problema: todo este teatro institucional es inútil porque los que tienen que asistir de nuevo a la escuela son los padres de familia. La educación empieza en casa, no en los oficios del IEA. Y si le sumamos que las madres y padres de familia son alborotadores y hacen bulla de cualquier tema, pues ni cómo encontrar la solución.
Exigen derechos, exigen que las cámaras se aprueben bajo sus términos, y arman escándalos monumentales en las puertas de las escuelas para defender a sus pequeños tiranos de los maestros e incluso inventando historias contra los mismos tutores, bloqueando cualquier medida real de disciplina. Así, ni con todos los especialistas del sector salud el sistema educativo va a lograr arreglar lo que los padres echan a perder en sus propios hogares. Esa es la realidad, nos guste o no.
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