En un nuevo y bochornoso episodio de "Nuestros ineptos legisladores descubren el hilo negro", la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que descender de las alturas constitucionales para darles una clase de español nivel preescolar a los "brillantes" diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes. ¿El tema central? Que el acceso a la información pública no es su cajero automático personal.
Resulta que a nuestros honorables representantes se les hacía de lo más normal permitir que los municipios cobraran por dar información pública, casi como si estuvieran vendiendo boletos VIP para la Feria Nacional de San Marcos. La SCJN, probablemente con un suspiro de agotamiento, tuvo que invalidar estos cobros y recordarle a las autoridades que la información debe entregarse sin costo alguno, sobre todo si no excede unas míseras 20 hojas simples. Peor aún, les tuvieron que aclarar que no se puede cobrar si el ciudadano, en un acto de clemencia para no desfalcarse, lleva su propia memoria USB para copiar los datos.
Ante semejante miopía legislativa, la Corte emitió un exhorto formal al Congreso del Estado de Aguascalientes para que, de cara a futuros ejercicios, determinen sus cuotas mediante un método "objetivo y razonable". Sí, leyeron bien: el máximo tribunal del país tuvo que pedirles a nuestros diputados, por escrito, que usaran la razón y la objetividad, el cerebro, pues, para no crear una "barrera para la ciudadanía". Una exigencia que, conociendo a nuestra clase política, raya en pedir un milagro.
Esta cachetada con guante blanco surtirá efectos en cuanto el Congreso local sea notificado oficialmente de la sentencia. Solo esperemos que el notificador de la SCJN no les cobre la propina por entregar el documento, no vaya a ser que a nuestros diputados se les prenda el foco y decidan inventar un nuevo impuesto por recibir correspondencia.
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