Ante la monumental presión de la comunidad universitaria —que ya no se chupa el dedo— y el escrutinio de una opinión pública que exige cabezas, a la Fiscalía y a la UAA no les quedó de otra que salir a dar señales de vida. Pero, fieles a nuestra gloriosa burocracia, están actuando exactamente como las tiendas Elektra: nos van presentando la justicia en eternos y cómodos "abonos chiquitos". Y es que, después de pasarse meses "pateando el bote" y "haciéndole al tío Lolo" con la descarada y multimillonaria estafa Ponzi, por fin aventaron un par de migajas para fingir que trabajan.
Para calmar las aguas, nos presumen con bombos y platillos la captura de dos absolutos "charalitos" de escritorio: Enrique “N”, el flamante exjefe de análisis financiero, y Claudia “N”, la jefa del Departamento de Presupuesto y Administración Financiera. ¡Aleluya! ¡El crimen del siglo está resuelto! (Nótese el pesado sarcasmo). A estos dos oficinistas ya los tienen bien guardaditos en prisión preventiva por su "probable responsabilidad" en el delito de fraude, mientras los implicados ruegan por una ampliación del término constitucional para ver si un juez los vincula a proceso.
Pero, seamos dolorosamente honestos, a nadie engañan: estos dos infelices son solo la carnada. Son los chalanes sacrificables de un festín donde brillan por su ausencia los "peces gordos" y, por supuesto, el "tiburón" blanco que verdaderamente orquestó y autorizó el monumental desfalco.
Mientras el actual rector se pone la toga de abogado del diablo asegurando que sus antecesores pecaron de "buena fe" y solo querían multiplicar los panes y obtener "buenos dividendos" (¡qué ternura, casi lloramos de la emoción!), el fiscal general Manuel Alonso García sale a hacer su papel de policía rudo asegurando que "no existe deslinde alguno para exrectores u otros exfuncionarios". ¡Uy, qué miedo! Seguramente los peces gordos están temblando de pavor en sus mansiones.
El fiscal insiste en que la carpeta de investigación sigue abierta y en proceso de judicialización para ver "si existen más involucrados". Además, jura por la Constitución que la autoridad ministerial no ha exonerado a nadie, incluidos los intocables exrectores, y que llevarán ante la justicia cualquier conducta que implicara afectaciones al patrimonio de la universidad. Sí, claro, les creemos... seguramente los atraparán allá por el año 2050.
La realidad es que nos quieren dar atole con el dedo. Lanzan a dos charalitos a la sartén de la prisión preventiva, mientras los verdaderos genios de esta estafa maestra siguen disfrutando de su "buena fe". Así las cosas: mucha saliva, expedientes que crían telarañas, y un descarado esfuerzo por proteger a los que de verdad se despacharon con la cuchara grande. ¡Que pase el siguiente charalito a la báscula, que el tiburón todavía tiene hambre!
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