Mientras la justicia en México se mueve con la agilidad de una tortuga con reumatismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha demostrado que, cuando se trata de explotar comercialmente el nombre de un muerto, el gobierno puede ser más rápido que un rayo en medio de una tormenta.
¡El muerto al hoyo y la marca al registro! Apenas habían pasado 13 días desde que el cuerpo de Carlos Manzo fuera alcanzado por las balas en Uruapan, cuando la flamante alcaldesa Grecia Itzel Quiroz García ya estaba en la ventanilla —con una envidiable falta de luto pero un gran sentido de oportunidad— solicitando los derechos de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”. ¡Eso es visión empresarial! El trámite se resolvió en un abrir y cerrar de ojos: de noviembre a enero, Grecia ya tenía su título de propiedad bajo el brazo, válido hasta el año 2036,. ¡Qué alivio saber que el nombre del difunto está a salvo en la Clase 45, listo para ser usado en cabildeo y reuniones políticas, mientras el dueño original no puede ni opinar desde su tumba!.
Por supuesto, para este milagro burocrático no faltó el “acompañamiento” estelar de Santiago Nieto, director del IMPI, quien se aseguró de que todo fuera transparente y legal, dándole palmaditas en la espalda a la alcaldesa mientras los expedientes 3506523 y 3506474 volaban por las oficinas,. ¡Ojalá la Fiscalía tuviera el mismo "acompañamiento" para encontrar a los culpables!
Sin embargo, en el pequeño e insignificante detalle de quién mandó matar a Manzo, los resultados son... digamos, “discretos”. Mientras el IMPI entregaba licencias comerciales como si fueran estampitas, la investigación criminal apenas ha logrado echarle el guante a un tal Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas. Y como en la política mexicana nadie conoce a nadie cuando las cosas se ponen feas, la alcaldesa Quiroz ya salió a decir, con una frustración de estreno, que el detenido no era del Movimiento del Sombrero, sino un simple "arrimado" que llegó con un currículum del PRI.
¿Quién planeó el artero crimen? ¿Quién dio la orden? A nadie parece importarle tanto como el hecho de que la marca esté bien registrada para representar intereses de grupos sociales ante instancias oficiales,. Al parecer, en este gobierno es más fácil obtener una concesión comercial por diez años que una sentencia condenatoria por un asesinato.
Así que ya saben, ciudadanos de Uruapan: no hay justicia, pero sí hay marca registrada. Si los asesinos siguen libres, al menos podrán ser invitados a una "reunión política" organizada bajo el sello oficial de la Clase 45, que fue donde lo registraron¡con la bendición del IMPI y el nombre del muerto bien puesto en el membrete!
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