En un despliegue de heroísmo que nadie pidió pero que el morbo nacional agradece, Ricardo Anaya y Alejandro ‘Alito’ Moreno han decidido abandonar sus apretadas agendas —especialmente Alito, que como el legislador con más faltas en el Senado, debe estar muy agotado de tanto no ir— para salvarnos de las garras de la "Ley Maduro". Según estos baluartes de la pureza democrática, el gobierno de Morena ha decidido que el INE ya no les sirve para sus fines decorativos y ahora buscan "debilitar" al organismo para controlar las elecciones.
Anaya, ese visionario que ve dictaduras desde su cómodo escaño, asegura que la reforma electoral no es más que un berrinche preventivo para cuando el pueblo finalmente decida que ya no los quiere, permitiéndoles aferrarse al poder como hiedra en muro viejo. Según su análisis —digno de un guion de suspenso de bajo presupuesto—, el plan maestro comenzó capturando el Senado, siguió con el linchamiento del Poder Judicial y ahora solo les falta el INE para completar el álbum de la autocracia. Es enternecedor ver a Anaya preocupado por los "contrapesos", justo ahora que el gobierno parece querer imitar el modelo de Venezuela, ese lugar que la oposición usa tanto como metáfora que ya debería cobrar regalías.
Por otro lado, ‘Alito’ Moreno, con la autoridad moral que le otorga dirigir un partido en vías de extinción, calificó la iniciativa como una "locura" que busca destruir no solo al INE, sino también a los partidos políticos. Probablemente, lo que más le aterra es que se destruyan los partidos antes de que él termine de hundir el suyo. Para Moreno, esta reforma es un calco de las leyes venezolanas diseñado para que el Ejecutivo concentre todas las decisiones, eliminando cualquier rastro de independencia técnica.
Mientras tanto, en el mundo de la "realidad administrativa", Pablo Gómez se encarga de echarle sal a la herida de la autonomía. Con la sutileza de un mazo, Gómez cuestionó la mismísima existencia de la autonomía del INE, afirmando que un órgano administrativo del Estado simplemente no puede ser autónomo. Según su lógica, el INE es solo una pieza más del aparato estatal encargado de hacer cumplir la ley, y cualquier debate sobre su independencia es poco más que una distracción semántica.
Así queda el panorama: entre propuestas técnicas del INE que nadie leerá sobre paridad de género y fiscalización, y una oposición que grita "¡dictadura!" cada vez que el gobierno respira, la democracia mexicana parece un paciente en terapia intensiva atendido por doctores que olvidaron el juramento hipocrático pero se saben de memoria el manual de la demagogia.
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