La reciente iniciativa de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, liderada por Manuel Alonso García, ha puesto en marcha un programa de colaboración con agencias de investigación colombianas bajo la bandera de la lucha contra el crimen transnacional. Sin embargo, la forma en que se ha comunicado esta cooperación revela un preocupante sesgo que apunta directamente a la xenofobia institucionalizada.
La Peligrosa Asunción de Culpabilidad por Nacionalidad
El Fiscal General anunció, en el marco del Foro Internacional de Seguridad y Justicia, que el objetivo central de este enlace internacional es identificar a personas de nacionalidad colombiana con antecedentes delictivos presentes en el estado.
La justificación de esta focalización es particularmente problemática y revela la raíz del problema: García señaló que, debido a que "recibimos muchos hermanos colombianos y que probablemente algunos tengan algún antecedente", se justifica el intercambio de información con la Policía Nacional de Colombia.
Esta declaración es profundamente incisiva y peligrosa. Al centrar la estrategia de seguridad en la nacionalidad colombiana como factor de riesgo primario, la Fiscalía no solo generaliza, sino que institucionaliza la sospecha sobre todo un grupo demográfico que reside en Aguascalientes. Se pasa de la persecución de delitos específicos a la criminalización preventiva basada en el origen. La Fiscalía está asumiendo que ser colombiano equivale a la "probabilidad" de tener antecedentes.
La Lucha contra el "Gota a Gota" como Pretexto para el Perfilamiento
Es cierto que la Fiscalía General del Estado había identificado previamente a personas de nacionalidad colombiana relacionadas con esquemas de préstamos abusivos conocidos como “Gota a Gota”, y se ha planteado tipificar este esquema como delito a nivel local.
No obstante, combatir un esquema delictivo específico no justifica la adopción de políticas que estigmatizan a toda una población de migrantes. La colaboración incluye, de hecho, la capacitación de más de 50 elementos de seguridad pública de Aguascalientes en Colombia, con una agente incluso cursando una maestría en la Policía Nacional de Colombia. Pero esta inversión en capacitación corre el riesgo de ser utilizada para aplicar un filtro de seguridad sesgado, donde la nacionalidad es la etiqueta de escrutinio.
La lucha contra el crimen transnacional requiere inteligencia y cooperación efectiva, sí, pero debe mantener el principio de individualización de la culpa. Cuando la máxima autoridad de justicia en Aguascalientes usa términos que vinculan inherentemente a los "hermanos colombianos" con la delincuencia potencial, se está pavimentando el camino para que el perfilamiento nacional se convierta en una política de Estado. Esto es xenofobia institucionalizada, disfrazada de eficiencia en seguridad.
Las autoridades deben perseguir el delito, no la nacionalidad. La iniciativa, tal como se plantea públicamente, crea un clima de hostilidad y sospecha que atenta contra los derechos de la comunidad colombiana, basando su vigilancia no en acciones concretas, sino en la "probabilidad" de su origen.
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