¡Detengan las prensas! Aguascalientes nos ha regalado un reality show legislativo imperdible. El Congreso se convirtió en ring para el careo en vivo entre el diputado Fernando Alférez Barbosa y su abogado, Alan Capetillo. La tensión se disparó, no por la crisis hídrica o la seguridad, sino por una causa infinitamente más crucial: ¡honorarios no pagados!.
Alférez, cuya diputación depende de una cuota de discapacidad, demostró que está más capacitado que nadie en las artes de la defensa legal cuando se trata de evadir deudas de más de un año. Él niega deberle un centavo al hombre que hizo la defensa legal "crucial" para asegurar su posición, acusándolo de practicar la extorsión. La ironía es deliciosa: el abogado que facilitó la permanencia de la cuota (y el consecuente lucro), ahora es acusado de deslealtad por querer cobrar su tajada. ¡Qué contrariedad!
Capetillo, por su parte, al exponer en vivo la "estrategia mediática" para obtener el cobro, confirma que ambos han estado sumergidos en un pantano de irregularidades y acusaciones de uso político y ético dudoso de la defensa legal. Es fascinante ver cómo se descalifican mutuamente precisamente sobre el tema de la cuota que debía amparar derechos, no negocios turbios. La única discapacidad evidente aquí es la incapacidad de ambos para manejar un conflicto sin recurrir al espectáculo público.
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