La reciente aprobación en lo general de la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de representar u...
La reciente aprobación en lo general de la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de representar un avance hacia la “eficacia” y la “transparencia” que defiende el oficialismo, se configura como un asalto directo a la justicia constitucional y un ejercicio de autoritarismo legislativo. El discurso oficialista, que presenta la iniciativa como una respuesta a "las nuevas realidades del país" y una manera de garantizar que el Poder Judicial "actúe con prontitud y sin obstáculos artificiales", ha sido pulverizado por la crítica de expertos, la oposición y hasta figuras de su propia bancada.
La forma en que esta reforma ha avanzado es, en sí misma, una fuente de profundo cuestionamiento. La iniciativa fue aprobada por la "mayoría aplanadora morenista" y sus aliados, a pesar de las severas acusaciones de "fraude" por parte de la oposición. Se ha señalado el uso de la "apisonadora legislativa" y de técnicas "poco transparentes", incluyendo el manejo de reservas que modifican a última hora textos previamente sometidos a discusión. Este manejo turbio ha llevado a la bancada panista a calificar las maniobras del oficialismo como una "chicanada legislativa".
Restricción del Acceso a la Justicia
Contrario a la defensa oficial que promete un "Estado que debe ser fuerte para garantizar derechos", la exministra y diputada oficialista, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la redacción de la nueva norma "restringe el acceso a la justicia constitucional".
La iniciativa es vista por la oposición y los especialistas como un intento de vulnerar "el corazón del recurso de amparo". El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) ha sido enfático al calificar la reforma de "fraude parlamentario a la verdad y a la justicia", acusando al oficialismo de buscar "ablandar la defensa de los derechos humanos".
El punto central de la discordia radica en que la reforma ataca dos pilares de la defensa ciudadana:
- Restricción de la suspensión: Se busca restringir la potestad del juez para suspender los actos reclamados mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo, a pesar de que el impacto de dichos actos pueda ser irreversible. La restricción de la suspensión del acto autoritario es considerada una "estafa".
- Afectación del interés legítimo: La iniciativa promueve una visión más restrictiva de la noción de interés legítimo, afectando la capacidad de colectivos para presentar demandas.
Este intento de control ha generado severos reproches, incluso históricos. El diputado priista Jericó Abramo Masso ha acusado al oficialismo de asemejarse "al peor momento de control autoritario de la historia moderna de México", comparándolos con "las mayorías de los 70 y los 80" en lugar de mayorías democráticas.
La Reforma Fiscal Encubierta
La crítica más incisiva desmantela el supuesto objetivo de eficiencia judicial para revelar una motivación económica oculta. Según el oficialismo, la reforma busca poner fin a las "técnicas dilatorias" que han provocado que dos billones de pesos permanezcan "atorados" en los tribunales, derivados de casi 200,000 créditos firmes impugnados.
Sin embargo, desde la bancada del PRI se ha reprochado que esta iniciativa es, en realidad, una "reforma fiscal encubierta en una reforma de amparo". El verdadero propósito, según los críticos, sería incrementar la hacienda pública para compensar el "gran boquete financiero heredado del pasado sexenio".
Lo más grave es que el impacto de esta supuesta medida fiscal no recaería solo sobre los poderosos, como implican las declaraciones oficiales, sino que afectaría "al 75% de las empresas ―micro, pequeñas y medianas―" de México.
Aunado a esto, la polémica cláusula de retroactividad—que fue desechada y luego revivida mediante maniobras de último minuto y la intervención de la presidenta Sheinbaum— introduce un "galimatías" legal. Expertos advierten que la confusa redacción propuesta permitiría "abrir la puerta a la interpretación para aplicar a voluntad la retroactividad", desestabilizando aún más la certeza jurídica bajo el pretexto de acelerar la justicia.
Mientras el oficialismo continúa "devolviéndose la pelota internamente y autoenmendándose la plana con cada paso", la conclusión es clara: la reforma, promovida bajo la bandera de la modernización judicial, es vista por críticos y expertos como una herramienta para restringir derechos fundamentales y sanear las finanzas públicas a costa del mecanismo de defensa más esencial del ciudadano.
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