El oficialismo mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la mayoría de Morena, enfrenta una crisis de legitimidad multifacét...
El oficialismo mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la mayoría de Morena, enfrenta una crisis de legitimidad multifacética que oscila entre la implementación de maniobras legislativas que buscan restringir las defensas ciudadanas y un escándalo de corrupción y narcotráfico que ha traspasado las fronteras, llevando a sanciones directas desde Estados Unidos. La narrativa de "eficacia" y "combate a la corrupción" que promueve el partido en el poder se desmorona ante la evidencia de su propia conducta y la respuesta evasiva de sus líderes.
El Cierre de Fronteras a la Clase Política Oficialista
El golpe más reciente a la esfera política mexicana proviene de Washington. Estados Unidos ha revocado la visa a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos debido a su estrategia contra el narcotráfico. Aunque la lista oficial de nombres no ha sido compartida con el Gobierno mexicano, la medida ya ha afectado a "destacados políticos mexicanos", con Reuters citando fuentes anónimas que aseguran que unos 50 políticos del oficialista Morena han visto cancelados sus visados.
Este veto no es menor. Se ha adelantado que la lista larga de sancionados incluye a líderes de Morena, varios gobernadores estatales y políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las restricciones y sanciones se imponen por estar relacionados con casos de corrupción y narcotráfico.
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido de negación o, al menos, de profunda ignorancia. Sheinbaum ha asegurado que no tiene información detallada sobre quiénes son los afectados, justificando que el Gobierno de Estados Unidos ha sido "muy claro en esto, en que es una información personal" y que solo lo comparte con el afectado, a menos que exista una investigación de seguridad pública de por medio. Esta falta de información o la negación de la misma sobre una lista tan extensa de funcionarios presuntamente ligados a actividades que son "contrarias al interés nacional de Estados Unidos" —y por ende, a la seguridad nacional de México—, plantea serias dudas sobre la capacidad del oficialismo para sanear sus propias filas.
El caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres (ex-PAN, ahora morenista), ilustra la gravedad del asunto, pues su permiso de entrada fue cancelado, mellando la reputación de la mandataria local.
La “Chicanada” Legislativa y el Ataque al Amparo
El escándalo de la restricción de visas a funcionarios por temas de integridad se suma a un patrón de autoritarismo legislativo que el oficialismo ha ejercido con su "mayoría aplanadora morenista" [Conversation History].
La reciente reforma a la Ley de Amparo ha sido el ejemplo más claro de cómo el oficialismo busca "ablandar la defensa de los derechos humanos" [Conversation History] mientras enfrenta cuestionamientos sobre su propia integridad:
- Restricción del acceso a la justicia: A pesar de que la exministra y diputada oficialista Olga Sánchez Cordero advirtió que la norma "restringe el acceso a la justicia constitucional" [Conversation History], el partido ha procedido a restringir la potestad del juez para suspender actos reclamados, una medida que ataca "el corazón del recurso de amparo" y es considerada una "estafa" por la oposición [Conversation History].
- Fraude y Control Autoritario: La aprobación de esta reforma ha sido tachada de "fraude parlamentario a la verdad y a la justicia" [Conversation History], ejecutada mediante la "apisonadora legislativa" y técnicas poco transparentes [Conversation History]. La oposición ha señalado que el oficialismo se asemeja "al peor momento de control autoritario de la historia moderna de México" [Conversation History].
- Agenda Fiscal Encubierta: La crítica más devastadora es que esta maniobra no busca la eficiencia judicial, sino que es una "reforma fiscal encubierta en una reforma de amparo" [Conversation History]. El verdadero objetivo sería compensar el "gran boquete financiero" aumentando la hacienda pública a costa de afectar, potencialmente, "al 75% de las empresas ―micro, pequeñas y medianas―" del país, bajo el pretexto de liberar dos billones de pesos supuestamente "atorados" en tribunales [Conversation History].
En conclusión, el oficialismo intenta establecer un control hegemónico al restringir las herramientas legales fundamentales (como el amparo) que la ciudadanía tiene para defenderse del poder autoritario, al tiempo que sus propios cuadros son señalados y sancionados internacionalmente por presuntos nexos con la corrupción y el narcotráfico. La respuesta de la presidencia, aludiendo a la falta de información, solo profundiza la percepción de que el gobierno está más preocupado por el control y la opacidad que por la integridad y la justicia.
Entradas
